Suelto de José Mª González Domínguez
Según los últimos datos la Iglesia católica recibe del Estado 145 millones de euros. Sumados las entregas directas, lo que reciben por los colegios religiosos concertados, instituciones sanitarias, el que además no pagan el impuesto del IVA, los salarios y costes sociales de sacerdotes, monjas, monjes y demás regligiosos en todos los hospitales públicos de nuestro país, la cifra total podría llegar a alcanzar los 1500 millones de euros. Eso para que luego se queje la Conferencia Episcopal de lo mal que trata el Estado y en concreto el actual Gobierno a la Iglesia Católica. ¿Qué tendrían que decir entonces los ciudadanos que profesan otras confesiones religiosas, musulmanes, judíos, protestantes, budistas por citar tan sólo algunas de las más importantes, sobre este favoritismo sangrante hacia la Iglesia Católica por parte del Estado?. De un Estado, no olvidemos que se declara acofensional en su Carta Magna y que aspira sin levantar ampollas a una laicidad que la sociedad le exige a voces y con contundencia desde hace décadas. Campañas como las de algunos medios de comunicación para que pongamos la X en la casilla de fines sociales en nuestra declaración de la renta o solicitudes por parte de grupos de ciudadanos a los registros eclesiásticos para que sean borrados de sus archivos, son algunas de las inciativas que la sociedad civil está impulsando para que de una vez por todas el Gobierno se decida a anular un Concordato firmado hace ya décadas con la Santa Sede y que no tiene ninguna razón de ser en pleno S XXI y en el seno de la actual sociedad española.
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